Personas consumidoras y usuarias finales, es decir, quienes adquieren, utilizan o disfrutan bienes, productos o servicios para su uso personal, familiar o colectivo, siempre que quien se los ofrezca o preste sea un empresario o empresaria o profesional.

El sistema es voluntario y gratuito para ambas partes, siendo necesaria la existencia de un convenio arbitral válido de la empresa para resolver el conflicto.

Esta vía es incompatible con la presentación de la reclamación ante otros órganos administrativos o judiciales con capacidad de resolución.

No se admitirán a trámite, entre otras causas, aquellos conflictos que traten sobre intoxicación, lesión o muerte o aquellos en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjucios directamente derivada de ellos.

• Formulario de demanda de arbitraje
• Fotocopia del DNI
• Reclamación previa a la empresa y su respuesta, si la ha habido
• Documentación acreditativa de la relación contractual con la empresa o profesional (facturas o recibos  o contrato del producto o servicio, oferta comercial, etc.).

Además:

Adicionalmente se pueden adjuntar presupuestos, fotografías, comunicaciones y cualquier otro documento que se estime pertinente.

• Real Decreto 231/2008, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
• Ley 60/2003, de arbitraje.
• Ley 7/2017, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.